Resumen.
El anteproyecto sancionaría en el Código Penal al servidor público que acepte un nombramiento o cobre remuneración estatal sin trabajar ni justificación. También propone una pena de prisión para el servidor público que efectúe un nombramiento con ese propósito. Las penas previstas aumentan según la lesión patrimonial al Estado y, para quien realiza el nombramiento, cuando busca recibir parte del salario de la persona nombrada.