Resumen.
El proyecto propone modificar los delitos de contrabando y defraudación aduanera y las conductas de servidores públicos relacionadas con ellos. También modifica las penas aplicables cuando se emplea violencia o se declaran destinatarios inexistentes, permitiría suprimir de oficio el Aviso de Operación de establecimientos que comercialicen productos provenientes del comercio ilícito y fija la entrada en vigor de sus disposiciones.