Resumen.
El proyecto propone modificar los artículos 8 y 22 de la Ley 26 de 1996 sobre la regulación y contratación de servicios públicos. Mantiene bajo la jurisdicción del Ente Regulador a las empresas de los servicios públicos enumerados, permite acreditar la presencia legal en un inmueble sin presentar título de propiedad para contratar el servicio y limita el recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo según la cuantía litigiosa.