Resumen.
El proyecto propone modificar el tratamiento penal del hurto y el robo cometidos en centros educativos, centros de salud y hospitales públicos o privados. Incluye esos lugares en una disposición sobre hurto sancionado con cinco a diez años de prisión y en una agravante del robo. También impediría determinados acuerdos procesales a los imputados por hurto o robo cometido en esos establecimientos.