Por la cual se adscribe el instituto de defensa pública a la defensoría del pueblo y se dictan otras disposiciones para garantizar la independencia y autonomía de los defensores públicos.
El anteproyecto propone adscribir el Instituto de Defensa Pública a la Defensoría del Pueblo para organizar el servicio de defensa pública. Encomienda a la Defensoría del Pueblo la dirección, administración y coordinación del servicio. Establece reglas para la designación y las funciones de la Dirección Nacional de Defensa Pública, el nombramiento de los defensores públicos, su independencia en el ejercicio de la defensa técnica y la asignación de recursos para el servicio.
La dirección se construyó con la ficha; sin cotejo documental ni comprobación de disponibilidad.
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