Resumen.
El proyecto propone exigir un certificado de salud mental a las personas mayores de setenta (70) años para actos jurídicos de especial trascendencia. En PANAMA, define quién debe emitirlo, qué capacidades y condiciones debe evaluar, qué información debe contener y cómo deben protegerse el consentimiento informado y la confidencialidad de los datos de salud.