Resumen.
El proyecto propone que la explotación de Bingos Nacionales sea una facultad optativa del Estado, ejercida directamente o por terceros. Si se ejerce, la actividad tendría que ser económicamente autosostenible. También deroga el Decreto Ley N.O 4 de 25 de febrero de 1982 y dispone la disolución de la Organización de los Bingos Nacionales, el cierre del programa gubernamental y el de sus salas, bajo supervisión de la Junta de Control de Juegos.