Resumen.
El anteproyecto exige a las personas condenadas en firme por delitos contra la Administración Pública restituir íntegramente fondos y bienes públicos. La obligación abarca los dineros, bienes y recursos públicos apropiados, desviados o utilizados indebidamente. Establece mecanismos de recuperación patrimonial, cobro de la deuda, inhabilitación para cargos y contrataciones públicas, y exclusión de registros de proponentes y oferentes.