Resumen.
El proyecto propone medidas de prevención, protección y sanción frente a estafas en línea y delitos vinculados al uso indebido de medios electrónicos. Exige que las empresas que ofrecen productos o servicios mediante sitios web publiquen datos de identidad y domicilio, obtengan un certificado de conformidad y mantengan esa información actualizada. También prevé consecuencias para el incumplimiento y encarga la reglamentación al Órgano Ejecutivo.