Resumen.
El anteproyecto propone auditar y publicar información sobre los recursos públicos utilizados durante estados de emergencia. La medida abarcaría el estado de emergencia por COVID-19 entre marzo de 2020 y diciembre de 2022, así como otros estados de emergencia. Establece informes obligatorios, mecanismos de denuncia e investigación, consecuencias por incumplimiento y una comisión temporal para supervisar la rendición de cuentas.