Resumen.
El anteproyecto propone que la acción penal por delitos contra la administración pública y por estafa y otros fraudes en perjuicio del Estado no prescriba. Modifica penas y consecuencias de varios delitos, restringe beneficios durante la condena y establece la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas en los delitos dolosos contra la administración pública. También cambia requisitos de admisión de denuncias y querellas y facultades del Juez de Cumplimiento.