Resumen.
El proyecto limitaría la adquisición de bienes del Estado por servidores públicos durante sus funciones y los cinco (5) años posteriores a su cese. La prohibición abarcaría adquisiciones directas o mediante personas vinculadas, distintas clases de bienes y modalidades de transferencia. Exigiría declarar conflictos de intereses y prevería nulidad judicial de las transacciones contrarias a sus reglas, restitución de bienes y sanciones.