Resumen.
El proyecto propone una ley general para investigar y enjuiciar delitos contra la Administración Pública y el blanqueo de capitales derivado de ellos. También abarca otras conductas delictivas en perjuicio del Estado y regula técnicas especiales de investigación, colaboración con las autoridades, protección de participantes, cooperación internacional y restitución o recuperación de activos. Además, plantea cambios al Código Procesal Penal, al Código Penal y a otras dos leyes.