Resumen.
El proyecto propone prohibir el uso de fondos públicos para contratar o pagar seguros privados de funcionarios y demás servidores públicos. La prohibición se aplicaría a las entidades del Estado. También establece una sanción para quien autorice, gestione o ejecute esas contrataciones y dispone que los recursos presupuestados para ellas se redirijan a inversiones en salud y al fortalecimiento del sistema educativo nacional.