Resumen.
El proyecto propone crear una jurisdicción coactiva especial para ejecutar las resoluciones de cargos del Tribunal de Cuentas. Asigna a la Contraloría General de la República la ejecución de las condenas patrimoniales de cuantía igual o superior a veinticinco mil balboas (B/.25,000.00), mantiene las de menor cuantía en la Dirección General de Ingresos y modifica las reglas de remisión, informe y cobro.