Resumen.
El proyecto propone proteger a denunciantes y testigos de faltas administrativas que afecten el patrimonio del Estado. La protección alcanza también a determinados familiares expuestos a riesgos por esa colaboración y establece canales de denuncia, medidas personales y laborales, un procedimiento para solicitarlas y causales para revocarlas. También prevé consecuencias por denuncias falsas y por revelar la identidad de una persona protegida.