Resumen.
El proyecto modifica los requisitos del certificado de idoneidad para ejercer la abogacía que otorga la Corte Suprema de Justicia en Panamá. También deroga dos artículos de la Ley 350 de 21 de diciembre de 2022 y establece sanciones para los servidores públicos que faciliten el ejercicio ilegal de la profesión o impidan la gestión de un abogado.