Resumen.
El proyecto propone fijar un plazo máximo de sesenta (60) días calendario para pagar contratos públicos con micro, pequeñas y medianas empresas. El plazo se cuenta desde que conste el cumplimiento del objeto contractual. Para ello modifica los derechos de los contratistas y las reglas de pago de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, y conserva la posibilidad de pactar plazos menores.