Resumen.
El proyecto propone un régimen general para formar, tramitar, notificar, revisar y ejecutar actos administrativos en las dependencias del Estado. Ordena el derecho de petición, el manejo de expedientes físicos y electrónicos, la prueba, los recursos y el agotamiento de la vía gubernativa. También dispone la subrogación de disposiciones del Libro II de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.