Resumen.
El proyecto propone modificar el artículo 220 del Código Procesal Penal para regular los acuerdos entre el Ministerio Público y el imputado. Estos se celebrarían antes de la acusación y se establecen las materias que pueden acordarse, los motivos por los que el juez de garantías puede rechazarlos y sus efectos sobre la pena o la formulación de cargos. Incorpora reglas para delitos sexuales contra menores o personas con discapacidad y excluye los acuerdos de pena en casos de femicidio.