Resumen.
El proyecto modifica la protección del consumidor en operaciones inmobiliarias, con garantías, control de aumentos y arbitraje. Propone obligaciones sobre contratos, entrega, devolución de abonos y responsabilidad por defectos, junto con fianzas para respaldar pagos y reclamos. También somete los incrementos de costos de viviendas nuevas a comprobación obligatoria ante la Autoridad y regula la solución arbitral de controversias inmobiliarias.