Resumen.
El proyecto propone modificar el artículo 325 del Código Procesal Penal sobre requisas de personas y registros de vehículos. Los miembros de la Policía Nacional podrían practicarlos sin orden judicial. Establece los motivos que permiten la intervención, las garantías que deben observarse antes y durante la diligencia, la documentación de lo actuado y las responsabilidades derivadas de incumplir esas garantías.