Resumen.
El anteproyecto modifica las penas y beneficios por delitos contra la administración pública en el Código Penal y la Ley 63 de 2008. Propone excluir determinados beneficios y sustituciones de pena, establecer la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas en ciertos casos y reformular las penas de varias conductas. También dispone que la acción penal por esos delitos y por estafa y otros fraudes en perjuicio del Estado no prescriba.