Resumen.
El anteproyecto propone auditorías integrales de las concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las asociaciones público-privadas. Abarca también otras modalidades de explotación de bienes o servicios públicos y dispone evaluaciones antes de la adjudicación, durante la ejecución y antes de cambios contractuales. Asigna a las entidades concedentes la responsabilidad de documentar sus resultados y motivar las decisiones sobre continuidad, modificación, suspensión, cancelación o prórroga.