Resumen.
El anteproyecto propone asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura de agua potable y aguas residuales. Para ello, modifica el ámbito de aplicación de la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019 y habilita al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para desarrollarlos. Delimita la infraestructura y la operación técnica comprendidas en los contratos, preserva la propiedad pública y los derechos sobre los recursos hídricos, y mantiene la regulación tarifaria y el refrendo de los contratos.