Resumen.
El anteproyecto propone proteger a los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones ante cambios en las condiciones esenciales de sus contratos. Regula los servicios empaquetados, la conservación de planes, la información previa y el consentimiento del usuario. También establece procedimientos de reclamación, facultades de supervisión y medidas correctivas, e incorpora derechos de los usuarios a la Ley 31 de 8 de febrero de 1996.