Resumen.
El proyecto modifica el régimen del servicio público de electricidad y regula la intervención de prestadores y las concesiones de distribución. También regula las obligaciones de las empresas eléctricas, incorpora la electrificación rural, ajusta las reglas tarifarias, establece derechos de los clientes frente a fallas de calidad y reclamos de facturación, y amplía las facultades sancionadoras y de cobro de la autoridad reguladora.