Resumen.
El anteproyecto modificaría el régimen de descentralización para ampliar temporalmente el destino de los recursos municipales procedentes del impuesto de inmuebles. La exposición de motivos vincularía esta medida con el terremoto del 9 de octubre de 2026 en la República de Panamá y con el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Órgano Ejecutivo mediante la Resolución de Gabinete No. 108 de 10 de octubre de 2026. Situaría la propuesta dentro del régimen de la Ley 37 de 29 de junio de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015.
El artículo 1 modificaría el artículo 112-D de la Ley 37 de 2009 mediante un parágrafo transitorio. Durante las vigencias fiscales 2026 y 2027, los municipios de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, junto con cualquier otra zona afectada debidamente certificada por el Sistema Nacional de Protección Civil, podrían destinar hasta el 100% del monto final recibido por impuesto de inmuebles a gastos de funcionamiento y mitigación del desastre. La autorización incluiría todos los saldos no comprometidos a la fecha.
Los municipios distribuirían esos recursos mediante Acuerdo Municipal. Conforme a ese acuerdo, podrían transferir fondos a las juntas comunales de las áreas comprendidas. Además, cubrirían los gastos de funcionamiento establecidos en el presupuesto de gastos del respectivo municipio para las vigencias 2026 y 2027 con las transferencias del impuesto de inmueble.
El artículo 2 adicionaría el numeral 8 al artículo 112-E de la Ley 37 de 2008. Incorporaría como destinos de los recursos los gastos de funcionamiento, sociales, administrativos y de mitigación de desastre en los municipios enumerados, donde emplearía la denominación Coc1é, y en otras zonas afectadas certificadas. Esta utilización durante las vigencias fiscales 2026 y 2027 seguiría los criterios establecidos por la Contraloría General de la República.
El artículo 3 adicionaría el numeral 5 al artículo 112-G de la Ley 37 de 2009. Para esas vigencias y territorios, la distribución de los fondos municipales entre representantes y alcaldes se realizaría en proporción a los gastos operativos de cada unidad administrativa. Se tomarían en cuenta los servicios prestados a la comunidad, la extensión territorial y la densidad de la población.
El artículo 4 declararía modificados los artículos 112-D, 112-E y 112-G de la Ley 37 de 29 de junio 2009. El artículo 5 establecería la entrada en vigor al día siguiente de la promulgación.
La iniciativa sometida a la Asamblea Nacional relacionaría a municipios, alcaldías, juntas comunales, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Contraloría General de la República. Su contenido alcanzaría la gestión presupuestaria local y podría interesar a comunidades damnificadas, albergues temporales, trabajadores locales y sectores vinculados con alimentos, agua, suministros médicos, higiene y recuperación de infraestructura.
Qué propone.
- Amplía temporalmente el destino de los recursos municipales del impuesto de inmuebles.
- Establece la distribución mediante Acuerdo Municipal y la transferencia a juntas comunales.
- Incorpora gastos sociales, administrativos, de funcionamiento y de mitigación de desastre.
- Fija criterios de distribución entre representantes y alcaldes.
A quién afectaría.
- Municipios de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.
- Municipios de otras zonas afectadas certificadas por el Sistema Nacional de Protección Civil.
- Juntas comunales de las áreas comprendidas.
- Alcaldes y representantes de corregimiento de los territorios comprendidos.
Puntos clave.
- Autoriza durante las vigencias fiscales 2026 y 2027 el uso de hasta el 100% del monto final recibido por impuesto de inmuebles, incluidos los saldos no comprometidos, para funcionamiento y mitigación del desastre.Art. 1
- Establece la distribución de los recursos mediante Acuerdo Municipal y permite transferirlos a juntas comunales conforme a ese acuerdo.Art. 1
- Dispone que los gastos de funcionamiento se cubren conforme al presupuesto de gastos municipal para las vigencias 2026 y 2027.Art. 1
- Incluye gastos de funcionamiento, sociales, administrativos y de mitigación de desastre entre los destinos de los recursos, siguiendo los criterios de la Contraloría General de la República.Art. 2
- Establece la distribución entre representantes y alcaldes en proporción a los gastos operativos de cada unidad administrativa, considerando servicios comunitarios, extensión territorial y densidad de población.Art. 3
- Declara modificados los artículos 112-D, 112-E y 112-G del régimen de descentralización.Art. 4
- Dispone la entrada en vigor al día siguiente de la promulgación.Art. 5